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El Gobierno envió a las provincias la nueva propuesta de Ley de Bases

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El Gobierno ha remitido al Congreso y a las provincias la versión actualizada de la Ley de Bases, abordando una amplia gama de asuntos que incluyen cuestiones fiscales, económicas y de reforma del Estado. Esta iniciativa busca avanzar en los principales lineamientos impulsados por la gestión del presidente Javier Milei.

La segunda iteración de esta ley omnibus ha sido recibida por los legisladores de los bloques dialoguistas, con quienes el oficialismo busca alcanzar acuerdos antes de proceder al debate oficial en el Parlamento.

El texto, ahora compuesto por 279 artículos, se caracteriza por un enfoque más técnico en comparación con su predecesor y será presentado en la comisión de Diputados como el nuevo dictamen de la Ley de Bases original, que aún se encuentra en estado parlamentario.

El proyecto declara en su primer artículo una “emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año”. Asimismo, delega al Poder Ejecutivo nacional ciertas facultades relacionadas con la administración y la emergencia, sujetas a las bases establecidas en el texto y por el plazo mencionado.

Una de las principales modificaciones con respecto a la Ley de Bases original es la reducción de las emergencias y la ausencia de posibilidad de prórrogas.

Este segundo borrador también otorga al Poder Ejecutivo la facultad de realizar modificaciones en fondos fiduciarios públicos, en casos donde no sea factible seguir los procedimientos establecidos en sus normas de creación.

Con el objetivo de continuar con el plan de recortes, el proyecto encomienda al Poder Ejecutivo llevar adelante privatizaciones de empresas públicas y aborda nuevamente la disminución del empleo público.

El texto también contempla disposiciones relacionadas con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS), permitiendo su inversión de acuerdo con criterios de seguridad y rentabilidad adecuados.

Los 279 artículos abordan principalmente capítulos referidos a la desregulación económica, la creación del nuevo Tribunal de Defensa de la Competencia y la Agencia de Mercados y Competencia. Además, se incluyen modificaciones a la ley de Hidrocarburos y aspectos relacionados con el gas, como la autorización de importaciones de gas natural sin necesidad de aprobación previa.

En este marco, se establece la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, el cual reemplazará y asumirá las funciones de los entes reguladores existentes.

En el ámbito previsional, se elimina la última moratoria jubilatoria para aquellos que adeudan aportes.

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