La injusticia silenciosa: el calvario de las víctimas de violencia en Argentina
La sombra de la violencia se proyecta ominosamente sobre nuestra nación, se cierne en los espacios públicos, se arrastra por las calles, se filtra en los parques y se infiltra en los hogares. Problemas como el narcotráfico, la trata de personas, el acoso escolar, la violencia intrafamiliar y la violencia de género se han enraizado en nuestra sociedad, cobrándose la vida de una mujer cada día.
La violencia, en sus diversas formas, mina la confianza comunitaria, socava el bienestar individual y propicia la aparición de nuevas formas de agresión, algunas más insidiosas que otras, incluso invisibles para muchos sectores de la sociedad, el Estado y la justicia.
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En Argentina, la violencia de género presenta facetas escalofriantes. La violencia psicológica encabeza las estadísticas con un 51.6%, seguida por la violencia sexual con un 49.7%, la violencia física con un 34.7% y las violencias económicas, patrimoniales y/o discriminatorias con un 27%.
Sin embargo, las leyes existen. El artículo 45 de la Ley 26.485 del Código Civil establece la protección integral contra la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos. Pero, a pesar de estas leyes y de los esfuerzos como la creación de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y la implementación de la Ley Micaela, el número de mujeres asesinadas sigue en aumento en Argentina.
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La Ley Micaela, obligando a la capacitación en género y violencia de género para todo el personal de la función pública, parece ser un paso adelante. Sin embargo, la violencia contra la mujer no termina con la denuncia; a menudo, apenas comienza.
El ineficaz laberinto judicial: cuando la justicia se convierte en un obstáculo más
La justicia, supuestamente el último bastión de esperanza para las mujeres maltratadas, a menudo se convierte en su peor enemigo. Los juzgados civiles carecen de capacitación, el Estado parece estar ausente en la protección de las víctimas, y las mujeres que denuncian enfrentan un camino lleno de obstáculos y desconfianza.
En la Oficina de Violencia Doméstica, las denuncias se acumulan mientras las víctimas esperan durante horas para relatar su tormento ante psicólogos y abogados, solo para ser juzgadas y cuestionadas. Y si logran pasar esta primera barrera, se enfrentan a jueces y juezas sin empatía ni preparación para abordar su situación.
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Este es el triste panorama en Argentina: la mujer gana terreno en la sociedad, pero es la misma sociedad la que la juzga y condena. El Estado la deja desamparada y el sistema judicial la somete a un interminable calvario de trámites burocráticos, mientras el agresor, en muchos casos, queda impune.
